Si en algo ha sido determinante e insistente el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es en el tema de la corrupción, como el principal lastre para el desarrollo del país, y quizás no le falte razón, pues en menos de dos meses, sus acciones y las del Congreso de la Unión, dominado por MORENA, han dado prueba de las estructuras que por tanto tiempo no se han movido y que es menester barrer de una vez por todas.
La llamada austeridad republicana ha puesto en jaque a más de uno, en especial a legisladores de la oposición, gobernadores, jueces y magistrados y rectores de universidades públicas. Lo primero que provocó esta medida es que se ventilaran los abultados presupuestos, los salarios desorbitantes y por supuesto, la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Así por ejemplo, hemos visto que legisladores de oposición llegaron al punto de ampararse con tal de seguir percibiendo por encima de los cien mil pesos al mes, como parte de su dieta. Pudimos observar a los rectores no sólo protestando por la reducción a las universidades en un 3 por ciento de su presupuesto, sino también admitiendo, luego de la exhibición que hizo la prensa de sus salarios y emolumentos – que también superaban en varios casos los cien mil pesos -, la necesidad de ser congruentes y rebajar sus percepciones, aunque en el debate público que se abrió, una cosa mucho más importante quedó clara: la necesaria rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos que reciben, cosa que jamás han hecho, ya que lo que priva en dichas universidades es la discrecionalidad, cosa que nos permite presumir la existencia de estructuras de corrupción muy amplias y aceitadas en la educación superior. Pero quizás el caso más lamentable hasta hace poco ha sido el de los magistrados, jueces y todo el poder judicial, que representa un paraíso de salarios, prestaciones y emolumentos abultados, que sólo pueden llamar a escándalo, tan sólo los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganaron hasta este último año de 2018 cerca de cuatro millones de pesos como monto anual, sólo un millón por debajo de lo que ganan los ministros en Estados Unidos, que por cierto, perciben menos que el Presidente. Sin embargo, un aspecto que más ha escandalizado a la opinión pública es el nepotismo al interior del poder judicial, es decir, las plazas de dicho ámbito del Estado mexicano se conceden de modo discrecional y preferentemente a familiares, cosa que violenta cualquier ordenamiento jurídico y ético. La evidente corrupción del poder judicial se hace más indignante cuando pensamos que si hay algo que no funciona en este país es la impartición de justicia, de modo que podemos asegurar un carácter parasitario de dicho poder en su conjunto.
Pero las cosas no han acabo ahí, en estos días el Gobierno Federal ha iniciado su combate al robo de combustible, el huachicoleo como comúnmente lo conocemos, lo que ha permitido verificar cosas realmente nefastas. Ahora sabemos, por ejemplo y según denuncia del INAI, que entre 2013 y 2017, los ductos de PEMEX fueron perforados para instalar 28 mil 736 tomas clandestinas, lo que representó un aumento del 790 por ciento de esta práctica, como consecuencia de esto la petrolera del Estado tuvo pérdidas por 30 mil millones de pesos. Pero el tema alcanza otros rubros, es el caso del gas LP, cuya merma ha sido igualmente grave pues para diciembre de 2018 se sabía que el crimen organizado sustraía un equivalente del 8 por ciento del mercado del combustible, lo que representaba hasta 30 mil barriles diarios, con una pérdida de 13 mil millones de pesos. Pero no para ahí, el crimen organizado que ha afectado al sector energético no sólo robando el combustible, entre 2016 y 2017 PEMEX sufrió el robo en sus propias instalaciones perdiendo material y equipo, incluso en plataformas marinas, como sucedió en la Sonda de Campeche, reportando más de 100 eventos delictivos. Todos estos hechos y datos es lo que permite darle crédito al Presidente cuando al iniciar su estrategia denunció que las pérdidas por robo de combustible llegaban hasta los 70 mil millones de pesos al año. Lo más lamentable es que este ilícito no sólo implica a ladrones organizados fuera de PEMEX, sino que incluye a posibles funcionarios de la empresa, que se ven enormemente beneficiados. El combate con cierre de ductos e investigaciones judiciales está ya en marcha y si bien la población sufre en lo que toca al acceso a gasolinas, lo importante a resaltar es el nivel de corrupción al que hemos llegado como país y la necesidad de erradicarla.
Es por ello que en cada uno de estos temas debe haber una solución concreta y definitiva. Los legisladores deben recordar en qué país viven y dejar de lado sus intenciones de lujo y hasta de enriquecimiento que son condenables por donde se les analice. Los rectores deberán atenerse a la transparencia y redición de cuentas, de modo que las universidades dejen de ser negocio de algunas camarillas y sean surtidores eficaces de cuadros técnicos y profesionales que sirvan al país. Los jueces, magistrados y demás burocracia del Poder Judicial deben dar por terminadas sus prácticas de nepotismo y enriquecimiento a costa del recurso público y dedicarse a reformar su ámbito de labor, de modo que la justicia en México sea gratuita, equitativa y expedita. En este sentido, PEMEX debe ser recuperada de ladrones que de dentro y fuera sangran a la empresa, debilitando las finanzas del Estado mexicano y defraudando a la sociedad en su conjunto.
La corrupción es un gran lastre, uno que de no combatirse y desterrarse, seguirá impidiendo el desarrollo del país, la equidad social, la justicia y la verdadera maduración democrática que necesitamos.
Por Jorge Ignacio García Ponce
