Por: Alfredo Martínez de Aguilar
Para rabia de nuestros detractores fanáticos fundamentalistas rojetes, una vez más, el tiempo nos da la razón en el análisis prospectivo de creación de peligrosos escenarios futuros en México. Ante el rotundo fracaso de la consulta pública por la mínima participación, en cuestión de horas, la nomenklatura amloísta, se vio obligada a adelantar los tiempos de la imposición de la dictadura.
Oportunista como es, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, empezó a vender caro sus servicios. Antes que concluyera la “consulta a modo” el olvidado aspirante presidencial anunció que presentará una iniciativa de ley para regular el proceso de revocación de mandato del Presidente.
La iniciativa es la antesala de la reelección del Presidente de la República que buscan incluir en la nueva Constitución anunciada por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Reiteramos que hoy los golpes de estado en el mundo se dan en el ámbito legislativo para reformar o cambiar, definitivamente, la Carta Magna e imponer una dictadura constitucional. Según la iniciativa, el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de al menos tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal nacional de electores.
Esa cantidad de electores deberá estar distribuida en al menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El resultado será vinculatorio para el Presidente, si la Sala Superior declara que la participación total de la ciudadanía fue, al menos, de 40 por ciento de las inscritas en la lista nominal electoral. Si los resultados de la votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, el Presidente será separado del cargo al momento de su notificación por parte de la Sala Superior.
El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará, desarrollará y computará la votación del proceso de revocación de mandato prevé la iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta disposición de la revocación de mandato, en la que la marrana tuerce el rabo, explica el pase de doble factura a los actuales consejeros del INE, sobre todo, a su presidente Lorenzo Córdova. Como lo adelantamos, después del mediodía se confirmó la tendencia del rotundo fracaso nacional de la consulta por el evidente abstencionismo e inició el linchamiento contra el INE.
Enloquecidos por la soberbia, los dirigentes de Morena tienen una mala lectura de la falta de votantes en las urnas y responsabilizan al INE porque los actuales consejeros les estorban. Si fueran inteligentes y menos perversos, en un examen de conciencia y acto de contrición, los dirigentes de Morena y el gobierno de la 4T debieran reconocer que cosechan lo que siembran.
Han bastado los tres primeros años de gobierno de López Obrador para provocar el mayor desencanto y desesperanza en el cambio prometido. Al igual que Vicente Fox falló al pueblo. El presidente y los dirigentes nacionales y estatales de Morena juran y perjuran ser diferentes y sí, lo son, resultaron peores de quienes les antecedieron del PRI y del PAN en el poder presidencial.
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, urgió a cambiar a la autoridad electoral “porque es como la Inquisición, que están muy ocupados por callar la boca a los diputados de Morena”. Acusó a sus críticos que están “protegiendo la corrupción, protegiendo los crímenes del pasado y protegiendo la impunidad”. Vaya cinismo, cuando la 4T protege a lo peor del PRI como Bartlett. Sostuvo que la 4T busca vivir en una auténtica democracia que respete la voluntad de la mayoría, que tengamos elecciones libres, limpias y transparentes donde ningún gobierno meta la mano.
Sin embargo, el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional no dijo que permanentemente el presidente López Obrador hace campaña durante las vedas electorales. Y, lo peor, Mario Delgado guarda silencio cómplice sobre el financiamiento de los capos del narcotráfico y la imposición de candidatos en ochos estados del corredor del Océano Pacífico. Tras insistir varias veces en ser recibido por el presidente López Obrador sin lograrlo, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, viajó a Estados Unidos para entregar la información a la OEA.
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