Redacción: Néstor Olivares
México es sin duda un país especial en el que diariamente ocurren las más inverosímiles situaciones que van desde lo hilarante hasta lo preocupante, situaciones que quedan para la anécdota divertida que podrán ser recordadas con gracia y otras que son condenadas al olvido por la alta carga negativa que evocarlas provoca.
Y tal parece ser que la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19 será una de esas anécdotas difíciles de recordar para aquellos ciudadanos que tienen hijos entre 12 y 17 años, sector de la población que no está contemplado aún para ser inoculado con el remedio de Pfizer que ya fue autorizado por las instancias de salud internacionales como el CDC estadounidense y también por la misma Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, organismo que tiene la encomienda de garantizar la seguridad de los medicamentos que se aplican en el país.
La población comprendida en este rango de edad presenta una propensión particularmente alta al contagio debido principalmente a la decisión de retornar a las clases presenciales en un momento en el que el semáforo epidemiológico se encuentra en muchas entidades en rojo, contraviniendo las primeras disposiciones que al respecto se plantearon al inicio de la pandemia y que indicaban que solo cuando el mismo fuera verde sería posible el retorno a las clases.
Y ante este panorama es que muchos padres de familia preocupados por la integridad de sus hijos han tomado medidas que van desde continuar con la modalidad de educación a distancia hasta otras más radicales pero que han demostrado particular eficacia: interponer juicios de amparo que les permita acceder a la vacuna Pfizer para sus hijos sin que exista restricción alguna por parte de las autoridades de salud.
Hasta el momento 250 menores han presentado un juicio de amparo que les ha permitido, previa valoración por parte de las autoridades de salud que determinan que sus características físicas sean las adecuadas para recibir la dosis del biológico, acceder a la inmunización que ha demostrado ampliamente brindar protección contra el contagio del virus.
Pero aquí es donde cabe preguntarse: ante las evidencias avaladas por las autoridades sanitarias de que el uso de la vacuna Pfizer es seguro, ¿realmente es necesario el recurrir a figuras legales como el juicio de amparo que permite protegerse de actos de autoridad que pongan en riesgo al ciudadano para acceder a un derecho esencial como es el de la protección de la salud?
Vistas y escuchadas las desafortunadas declaraciones de las autoridades que consideran que detrás de los padres de estos menores que buscan la protección de su salud existe un complot de las farmacéuticas que solo les interesa enriquecerse a costa del Estado, la repuesta parece ser que sí es necesario el recurrir a medidas extraordinarias que hagan valer el derecho humano a la protección de la salud, aun cuando es responsabilidad del Estado el asegurar el cabal cumplimiento del artículo cuarto constitucional.
Siempre será responsabilidad ciudadana el mantener un espíritu crítico ante las decisiones que desde el ámbito del poder parezcan cuestionables por poner en riesgo la integridad de los gobernados y tomar acción que permita contrarrestar las consecuencias de dichas acciones, para además siempre mantenerse en el ánimo de atreverse a saber, Sapere Aude.
